Montero dará 3.000 euros a las víctimas sexuales pasándose al juez por la entrepierna

0
177
Irene Montero

Así están las cosas en el ministerio de Igualdad cuya titular es la lanzada Irene Montero.

Su ley de libertad sexual se lo pone a huevo a las mujeres que sean declaradas víctimas de «violencia sexual», aún sin resolución judicial. Ni siquiera es preciso que un juez intervenga para que puedan ser consideradas como tal.

Esas ayudas son, como mínimo, de 3.000 euros, aunque pueden aumentar en determinadas circunstancias.

Según da cuenta ‘OkDiario’, la medida va en línea de la ley de violencia de género, tras la modificación que el PSOE introdujo por decreto en 2018 y que faculta a los trabajadores sociales, entre otros, a acreditar estas situaciones, lo que permitirá el acceso a derechos en los casos en los que no hay denuncia.

Hasta ese momento, sólo se aceptaban las resoluciones judiciales o un informe del Ministerio Fiscal.

Así, la ley también recoge como novedad el sistema de «acreditación de la existencia de violencias sexuales», de forma que, además de sentencia condenatoria, también «podrán acreditarse las situaciones de violencias sexuales mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora».

Incluso deja abierta la puerta a la validación «por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos». La acreditación estará en manos de Gobierno y Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Así, la consideración de víctima dará derecho, entre otros, a «la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales».

En concreto, sobre las ayudas económicas -artículo 37- se dispone que si la víctima carece de rentas superiores al salario mínimo interprofesional -ahora en 950 euros– recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Unos 2.500 euros. Este abono podrá percibirse, a elección de la víctima, en un pago único o en seis mensualidades. También podrá prorrogarse una vez más, si siguen sin superarse los umbrales de renta.

La ley de Irene Montero contempla determinadas circunstancias: por ejemplo, si la víctima de violencia sexual tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, el importe a recibir sería el equivalente a 12 meses.

Si tiene personas a su cargo, podrá llegar a los 18 meses de subsidio. Y a los 24 si algunos de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad. La ayuda será, del mismo modo, prorrogable por una vez.

La condición de víctima de «violencia sexual» dará acceso además a derechos como la reducción de jornada, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo. Asimismo, se considerarán justificadas las ausencias o faltas de puntualidad «motivadas por la situación física o psicológica derivada de las violencias sexuales cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud».

La reforma aborda una profunda revisión del Código Penal basado, fundamentalmente, en el consentimiento de la mujer para mantener relaciones sexuales.

El delito de abuso sexual se elimina y se considerará agresión sexual, entendido como «cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento». Así, la mujer tendrá que manifestar «libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto».

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí